Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

Este pequeño paréntesis de Agosto en el blog, vamos a dedicarlo a combinar un binomio singular: la Declaración Universal de los Derechos Humanos e imágenes de arquitectura granadina, tanto contemporánea como histórica. Porque en estos tiempos de corren, no viene mal recordar lo más esencial, como son los 30 artículos que componen esta declaración. Cada dia, publicaremos un articulo con una imagen. Hoy, el preámbulo:

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

La Ciudad Viva como URBS – 2

Con esta segunda entrega continuamos con el repaso de las conclusiones del importante congreso internacional celebrado en Quito, Ecuador, el pasado mes de Julio, que fue patrocinado por LA CIUDAD VIVA, www.laciudadviva.org. En él se abordaron los principales problemas de la ciudad actual desde numerosas perspectivas (La Vivienda y su entorno. El espacio público. Ciudad y participación. Vecindad y convivencia. Derechos ciudadanos…) cuyas interesantes conclusiones os las presentaremos en esta bitácora a lo largo de las próximas semanas.

En esta ocasión nos centraremos en las reflexiones en torno a CIUDAD Y PARTICIPACIÓN:

1. Es indiscutible que el urbanismo es un tema de interés público. La participación es la herramienta de una sociedad para administrar su propia memoria, como patrimonio común que le permita avanzar y perpetuarse. La comunidad urbana debe intervenir de forma directa en los asuntos de su desarrollo. Hay que crear instrumentos y herramientas que fortalezca la ciudadanía como ejercicio político de la comunidad.

2. La participación es un proceso de aprendizaje continuo que se mide por resultados. La participación no es un fin, sino un medio para que la toma de decisiones sea el resultado de acuerdos que atienden las expectativas de la comunidad, y que respondan a los criterios de equidad, solidaridad, eficiencia y sustento técnico. Es necesario desarrollar capacidades, instrumentos y actitudes para trabajar en conjunto en los procesos de planificación.

3. La rendición de cuentas y el control son componentes claves para asegurar transparencia, calidad de las decisiones y consolidar la credibilidad de la gestión democrática. Las decisiones de la autoridad y de la comunidad deben estar sujetas al escrutinio y el control social de modo que garanticen el buen uso de los recursos. Para ello es necesario: disponer de instituciones y mecanismos explícitos para la rendición de cuentas y para el control; contar con información adecuada, accesible y oportuna; la existencia de sentido de responsabilidad de la comunidad y sus organizaciones hacia los temas de interés general.

4. El mayor desafío es mostrar las ciudades que los ciudadanos quieren. Los movimientos sociales involucrados pueden ayudar a entender otras formas expresivas y diferentes. Para esto es necesario incorporar a los movimientos sociales en la gestión de la ciudad.

Por José Antonio Brenes. Documentalista

Desde la absoluta convicción de la individualidad humana, de que no todas las personas se encuentran en plenitud de facultades para poder habitar y disfrutar nuestras capitales tal y como hoy día están concebidas, es preciso que hagamos ciudades accesibles para todos, y no negar la posibilidad de una existencia digna y normal y a la que tienen derecho, a los miles de ciudadanos con alguna discapacidad que día a día intentan sortear las grandes barreras que limitan sus posibilidades y anulan sus derechos al trabajo, al deporte, a la diversión o a la cultura

Una ciudad accesible, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, sería aquella en la que cualquier persona pudiera integrarse totalmente en ella. La accesibilidad posibilita el poder llegar, entrar, salir y utilizar los edificios públicos, los domicilios particulares, las superficies comerciales, los espacios de ocio, los lugares de trabajo, etc. y permite a toda la población participar en las actividades sociales y económicas para las que las metrópolis se han concebido.

El primer paso para conseguir la plena integración social de las personas con discapacidad es la supresión de todo tipo de barreras, siendo éstas:

–   Arquitectónicas: Accesos de los edificios públicos y privados con un desnivel inapropiado, puertas estrechas o de tipo giratorio, escaleras con altos peldaños y sin pasamanos, pasillos angostos, rampas inadecuadas, inexistencia de ascensores o con dimensiones insuficientes, suelos irregulares o deslizantes, aseos no adaptados o inaccesibles, ventanillas, mostradores e interruptores situados a excesiva altura, etc.

–  Urbanísticas: Aceras inexistentes o estrechas, calles con excesiva pendiente, pavimentación irregular, deslizante o en mal estado, zanjas sin proteger, bordillos altos, inexistencia o mala señalización de los pasos de peatones, señalizaciones verticales, farolas o papeleras en mitad de las aceras, quioscos y terrazas de bares ocupando zonas peatonales, automóviles y motocicletas mal estacionados, escasas plazas de aparcamiento reservadas a los vehículos de discapacitados, etc.

– En los medios de transporte públicos: Accesos demasiado elevados y con pasillos estrechos, etc.

– Y por último, supresión de las barreras sensoriales, que imposibilitan la recepción de mensajes a través de los medios o sistemas de comunicación para las personas con deficiencias visuales o auditivas.

Las soluciones a estos problemas no son tan difíciles de adoptar y, a modo de ejemplos, pasarían por construir accesos a los edificios sin peldaños, con una adecuada inclinación de las rampas y con pasamanos a doble altura, puertas suficientemente anchas y sin cerraduras que exijan ambas manos para abrirse, ascensores amplios con pulsadores colocados en lugares de fácil alcance desde una silla de ruedas, pasillos espaciosos y de fácil maniobra, aseos antideslizantes, correcta señalización de los rótulos informativos con un tamaño adecuado, iluminación suficiente y con señales sonoras, dotar de señales acústicas todos los pasos de peatones, conveniente señalización y protección de las obras en la vía pública, teléfonos y fuentes de uso público a una altura no superior a un metro, etc, etc. En el fondo, todo se reduce a aceptar a los discapacitados y a contar con ellos en la planificación de las ciudades.

Aunque existe en España legislación al respecto (1) aún hay mucho que avanzar y Granada, en este aspecto, no es una excepción. Un simple paseo por sus calles nos demuestra que queda un largo camino por recorrer para conseguir la Accesibilidad universal.

Pero no basta con grandes discursos ni sesudos escritos. Ni la supresión de las barreras físicas lo es todo ni la implicación de la Administración es suficiente. Es preciso algo más, es indispensable la buena voluntad de todos para eliminar de una vez y para siempre las barreras y prejuicios sociales, auténticos obstáculos insalvables que coartan la actividad y la vida de miles de personas, vencer la ignorancia, la indiferencia y el rechazo a la plena integración de las personas discapacitadas como elementos activos y participantes de la sociedad.

(1)
– Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Título IX. Sección I. Movilidad y barreras arquitectónicas.

– Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

– Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

– Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Congreso celebrado en QUITO, ECUADOR. Julio de 2009

Este importante congreso internacional, patrocinado por LA CIUDAD VIVA, www.laciudadviva.org, dependiente de Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, abordó el análisis de los problemas actuales de la ciudad desde numerosas perspectivas (La Vivienda y su entorno. El espacio público. Ciudad y participación. Vecindad y convivencia. Derechos ciudadanos…) cuyas interesantes conclusiones os las presentaremos en esta bitácora a lo largo de las próximas semanas.

Para empezar, rescataremos las relativas a LA VIVIENDA: “… que conforma más de las tres cuartas partes de la masa construida en las ciudades, y es el bien fundamental más grande, pesado y costoso. Ya que determina la estructura, funcionamiento, imagen, carácter y escala de ciudades y poblados, así como es decisiva para el bienestar de sus moradores y tiene repercusiones directas e indirectas sobre ellos, incluyendo su salud, el sentido de identidad y pertenencia, la eficiencia en el trabajo, la formación y preservación de valores éticos y morales, el funcionamiento de la familia y la creación de una cultura ciudadana.

1. Por todo esto los poderes públicos deben garantizar el ejercicio efectivo del derecho de sus habitantes al acceso a una vivienda, como bien básico que debe prevalecer sobre el mercado, imponiendo restricciones al mismo, regulándolo, pudiendo llegar hasta la exclusión de estos bienes del tráfico de mercancías, coherentemente con su carácter de bienes esenciales básicos.

2. La administración competente debiera valorar y evaluar de la trayectoria de las actividades realizadas en referencia al hábitat y la construcción, así como la evolución de la política de vivienda en los últimos años. Es necesario adaptar las normativas de viviendas libres y protegidas a las nuevas necesidades, así como definir qué es una vivienda adecuada y, cómo garantizar el acceso a ella, abordándola desde diferentes ángulos:

– El modo de producción de la vivienda: acceso al suelo y su urbanización básica, la financiación de las inversiones necesarias, los modelos de construcción y promoción.

– El régimen de tenencia de la vivienda: el acceso al disfrute de la vivienda no equivale al acceso a la propiedad, cobrando importancia el derecho de superficie, usufructo y alquiler.

– La Vivienda como espacio flexible y adaptable, que permita una implicación del usuario en el proceso de diseño y ejecución.

3. Es necesario promover nuevas formas de coordinación entre administraciones que incluyan nuevos modelos de financiación, formas de participación más democráticas y una evaluación del producto final.

4. Facilitar una mayor complejidad funcional urbana, usos, servicios y funciones y mejorando la accesibilidad y la eficacia del transporte público.

5. La vivienda debe asociarse al concepto de calidad ambiental, con una incidencia directa en la calidad de vida del ciudadano. Debe ser entendida como contenedor energéticamente eficiente y dotado de tecnología avanzada y de servicios de la mayor calidad posible. La tecnología constructiva debe implementar proyectos que incluyan la reducción inicial de consumos, reciclaje de materiales y un mantenimiento ambiental y económicamente sostenible.

6. Es necesario integrar en el diseño el cuidado del paisaje urbano como cualificador de la ciudad; así como garantizar su mantenimiento. El paisaje urbano es indicador de identidad y calidad de vida, y todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de él y sentirse identificado. Hay que recuperar la identidad de los barrios a través de intervenciones en el espacio público para mejorar la calidad del paisaje y la imagen urbana.